El pasado 25 de agosto de 2011 será memorable por años en nuestro país; la magnitud de la tragedia en nuestra querida Capital Regiomontana; el despliegue intensivo de los medios de comunicación resonando en cada uno de los rincones, no sólo de nuestra nación, sino de alcances mundiales, quedarán grabados en la mente de quienes hemos sido testigos de estos actos de barbarie repudiados por todos; esto amerita la urgencia no solo para encontrar y castigar jurídicamente a los involucrados, sino para que como ciudadanos y el propio Estado, entendamos que es necesario replantear la verdadera función de nuestro sistema de república federal.

Es inobjetable que lo plasmado en el Acta Constitutiva del actual Estado Mexicano por El Congreso Constituyente, no vislumbraba lo que hoy emerge a la luz de los problemas e incapacidad de los gobernantes en turno, especialmente los últimos 30 o 40 años para anticiparse a la complejidad que resultaría en la coordinación de tareas entre los 3 niveles de gobierno.

Hoy podemos apreciar que a raíz del sistema de coordinación fiscal de principios de los 80´s, ha marcado una tendencia para centralizar las políticas públicas para ser operadas por la Federación; actualmente tenemos presencia de la Federación en todos los ámbitos; a través de las delegaciones de las Secretarías de Estado en todas y cada una de las entidades federativas; convenios de coordinación en materia tributaria, salud, educación, etc. pero sobre todo en seguridad pública a través de la intervención del Ejército y la Marina.

Como ciudadanos hemos sido testigos mudos y pasivos ante esos fenómenos; podemos inferir que el reto de prevenir, corregir y castigar las conductas antisociales, delincuenciales relacionadas con el narcotráfico, privación ilegal de la libertad, extorsión, robo a mano armada, etc.; ninguno de los gobiernos locales estaba haciendo poco o nada al respecto, escudándose en que se trata de una competencia Federal y el cuestionamiento que debemos hacer es que; entonces los cuerpos policiacos y policías ministeriales en los Estados y municipios de que se encargaban; ¿de delitos menores? ¿Cuáles? ¿Con qué eficacia? ¿Cómo los gobiernos anteriores justifican los crecientes y jugosos presupuestos en materia de seguridad? pues la queja recurrente era que se requería de mayores recursos económicos y financieros para afrontar los problemas de inseguridad, problemas que por lo visto nadie veía, o pasaban desapercibidos; esos mismos problemas a los que se les destinó cuantiosas sumas de dinero en armas, salarios, tecnología, vehículos, irónicamente hoy aquejan al país, nos están devastando en todos los aspectos (social, económico, psicológico, etc.); cuando hoy, según reiteradas cifras de casas encuestadoras una y otra vez los ciudadanos confirman la alta confianza en el Ejército y la Marina; por contrario descalificando de plano a los cuerpos policiacos locales; y cómo no habría de ser, si sistemáticamente una y otra vez se confirma la podredumbre, colusión y corrupción entre los que se supone serían los guardianes de la Constitución y la aplicación de las normas jurídicas y los delincuentes; ¿que de plano había y seguirá habiendo ceguera, ignorancia, arrogancia, apatía, tanto de los gobernantes pero sobre todo de los gobernados para continuar con tanto sobresalto, sorpresas, asombro, estupor, ante los hechos y a los pocos días se nos olvide?.

Es fácil advertir que existe descoordinación y descontrol entre la Federación, Entidades Federativas y Municipios, lo que conduce a afirmar que se cumple ese desafortunado viejo adagio que reza: “A rio revuelto, ganancia de pescadores” que no solamente se trata de conflicto entre competencias sino que ese sistema Federal modificado en los albores de los años 80, ha complicado determinar las verdaderas responsabilidades y competencias de cada nivel de los poderes ejecutivos; especialmente cuando el ciudadano común y corriente no entiende de tecnicismos, o a quien le corresponde regular determinada actividad, sino que éste espera no escuchar cómo se reparten las culpas; como ejemplo tenemos el tema de los Casinos o Casas de Apuestas que en los últimos 10 años se han multiplicado a lo largo y ancho de nuestro país.

Es por demás lamentable y cuestionable que la ley marco (Ley Federal de Juegos y Sorteos) no haya tenido NINGUNA reforma desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947, la cual consta de tan sólo 17 artículos; ello significa que siendo una ley Federal, se le confiere a la Secretaría de Gobernación la facultad para reglamentar lo que de manera absurda resulta de la antinomia (contradicción) que se advierte entre los artículos 1º. Y 3º. Ya que por un lado, se prohíben en el territorio nacional los juegos de azar y con apuestas; y por otro se le otorga la facultad a la Secretaría mencionada para, la reglamentación, autorización, control y vigilancia, cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase, así como de los sorteos.

Si la responsabilidad del Legislador para preservar el Estado de Derecho, es anticipándose a los fenómenos económicos y sociales; de ninguna manera se justifica que durante 64 años, esa ley no se ha reformado, contrario a ello, de manera cómoda se ha relegado esa facultad legislativa a la reglamentaria del Poder Ejecutivo, para que éste moldeé a placer el alcance de un ordenamiento formal y materialmente legislativo, pues al ser de orden Federal es indispensable que por el sistema de representatividad, los legisladores federales debieron plasmar en una reforma a dicha Ley, las condiciones mínimas de operación de las actividades de juegos al azar y de sorteos, el impacto social esperado, etc. y no, como indebidamente ocurre ya que es el municipio el que suplanta las facultades otorgadas por ley a la Secretaría de Gobernación.